En tiempos donde se promueve la participación, el empoderamiento y la gobernanza, sigue siendo difícil que la sociedad civil intervenga en asuntos que afectan el patrimonio nacional.
La polémica generada por el megaproyecto minero Aratirí deja en evidencia la vulnerabilidad que experimenta el "interés general", cuando se trata de administrar sustentablemente el patrimonio natural del país.
Este proyecto extractivo de metales presenta su perfil más negativo, no por tratarse de la explotación de hierro del subsuelo, sino por la enver- gadura y las ramificaciones del mismo.
Destruir tierras fértiles y productivas (uso sustentable del suelo) para vender el hierro que hay debajo (uso insustentable del suelo) podría ser una opción aceptable, si la escala de la explotación garantizara que el daño permanente al ecosistema es de escasa dimensión.

Pero el proyecto que nos ocupa por estas fechas implica una destrucción del suelo perteneciente a cuatro departamentos.
Como se sabe, allí no termina el proyecto. Incluye la construcción de un mineroducto de más de 200 kilómetros de longitud, que conducirá el hierro en agua a través de Lavalleja y Rocha hasta la costa atlántica. Allí se instalará una terminal portuaria, nada menos que sobre la faja costera de mayor valor turístico del país.
El proyecto es uno solo. O se aprueba con estos tres componentes o no se hace.
Construir un país en serio implica ser coherentes en la práctica con todo lo que defendemos en la teoría y la retórica. No cabe duda que el sello "Uruguay Natural" es una apuesta muy inteligente, porque es la cualidad que, en el corto y mediano plazo, más se valorará en el mundo.
Los recursos naturales, la homeostasis de los ecosistemas, los servicios ambientales son los componentes fundamentales para garantizarles a la sociedad actual -y a las futuras- elevados estándares de la calidad de vida. Las economías saneadas, el pleno empleo, la equidad social serán utopías imposibles de alcanzar si se resignan esos componentes esenciales del entorno.
Esta comprensión de la realidad socioambiental aún no se generaliza, en especial en las comunidades urbanas. Por esa razón, proyectos como el que nos ocupa se siguen defendiendo exclusivamente mediante consideraciones tan parciales como el monto de inversión de la empresa, las regalías que le dejarán al estado y los empleos que generarán mientras dure la explotación.
Por tanto, a la discusión de fondo deben agregarse todas las pérdidas económicas, sociales y ambientales que esta megaexplotación ocasionará al país.
Como es de esperar, en la promoción del proyecto de parte de la empresa y del propio gobierno, se difunden todos los beneficios y ganancias que generará, incluso con un optimismo que no condice con la experiencia regional en la materia. Pero, muy distinto resulta el análisis de los cálculos de las pérdidas e impactos negativos que se esperan.
El principio rector más aconsejable en estos casos es priorizar lo que le genere al país beneficios y ganancias a largo plazo.

por Hernán Sorhuet Gelós

El País Digital